Para el director de la Cámara de Induarroz de la Andi, Silverio Gómez, la resolución que pretende expedir el Ministerio no consulta la realidad del mercado, tiene un claro objetivo político del Ministro que renunció el pasado miércoles y el problema que es serio debe ser objeto de evaluación por parte del nuevo gobierno con una solución integral del problema.
¿Cuál es la posición de la industria frente a la medida que pretende adoptar el Ministerio de Agricultura de fijar un precio mínimo de compra a los productores?
SILVERIO GÓMEZ: Es una medida arbitraria de fijación de precios que solo distorsiona el mercado y castiga injustamente a los consumidores, en particular a los pobres, pues el arroz es el artículo con mayor importancia en la dieta de buena parte de la población, especialmente la más necesitada.
Y esto no es un invento: la evaluación de Induarroz-Andi muestra que si se toma el precio de los últimos tres años de cosecha daría un aumento promedio de 18% si se aplica la resolución con alza de 17% en la zona Tolima-Huila y centro del país, 22% en la zona del Llano y 23% en santanderes.
Este sobreprecio se trasladará obligatoriamente al presupuesto de las familias, pues alrededor del 90% del precio del arroz blanco es el precio de la materia prima y si esta sube se reajusta el precio final.
Pero, además del impacto en la inflación, la eventual medida no enfrenta el verdadero problema de la producción de arroz en Colombia, desconoce la realidad de lo que pasa en otras partes, contradice la idea de una necesaria reducción del área sembrada y estimula el mercado de contrabando por Ecuador, Perú y Venezuela, que muestra señales claras de comenzar a afectar al país. El arroz en Colombia se paga más caro que en otros países.
De aplicarse la resolución ¿cómo beneficiaría a los productores y en dado caso cómo afectaría a la industria y al consumidor final?
SG: En momento alguno la industria molinera ha dicho que no se debe ayudar al productor, sino todo lo contrario, pero no por la vía de atropellar al consumidor, con lo cual pierden agricultores e industriales. Los industriales están preocupados con la situación del arroz, pero la salida no está en la resolución, es equivocada. El precio del arroz no lo pone la industria, sino es una cuestión de oferta y demanda que lo hace subir o bajar de acuerdo con unas condiciones objetivas. Es más, la relación financiera entre industriales y cultivadores es muy estrecha y los industriales apoyan y asesoran especialmente a pequeños productores que son los más desprotegidos.
Dignidad Arrocera asegura que la resolución es necesaria porque no se puede llegar a un precio concertado y que el precio no se ha establecido según oferta y demanda, pues el valor de la carga actual es similar al de 2004, año de peor crisis.
SG: En arroz no hay un solo precio. Y en la economía hay que hablar de precios reales, o sea ajustados por inflación y si se mira en el caso de El Espinal, referente en la región del centro del país, esto no es cierto para 2004, aunque sí hay una reducción frente a 2012.
El mismo Ministro de Agricultura que se va reconoce que en el primer semestre aumentó el precio de compra. Lo que no dice ese grupo de presión social es el comportamiento de la producción por hectárea que hoy es similar a la de 2004 e inferior a la del año 2000 y mucho menor a la de 2009. O sea que la productividad del arroz debe ser una preocupación de todos, más si se tiene en cuenta que los costos crecen. Y eso incluye al Tolima, donde en 2009 se tenía una producción de casi 8 toneladas y hoy estamos por debajo de 7 en promedio y los costos siguen creciendo.
Y es que no hay que mirar lo que pasa en otras partes en este tema y dejarse de mirar el ombligo, como se dice popularmente. Perú y Uruguay producen casi 8 ton/ha y Argentina y Brasil nos pasaron hace rato. Estados Unidos casi 9 toneladas.
Fijar precios por resolución o decreto es propio de modelos de economía cerrada y la verdad hablar de concertar un precio de compra o de venta lo hace a uno pensar en el montaje de un cartel, lo cual está prohibido por la ley.
¿Y cuáles han sido esas ayudas del gobierno?
SG: El sector de productores de arroz ha recibido en los últimos seis años alrededor de 300.000 millones de pesos por parte del gobierno en ayudas, incluyendo la cuota de fomento, apoyos a comercialización y los recursos que les queda por el TLC con Estados Unidos y que pagan por consumidores.
En el último año, les ha entrado más de 90.000 millones por ayudas oficiales. Y los resultados en productividad, compromiso adquirido por ellos no son los mejores.
Si ellos han decidido que su gremio compita en el mercado del consumidor y construya molinos de arroz está bien, pero las reglas deben ser igual para todos.
En Colombia se quiere que no haya importaciones, hay un arancel de 70%, los productores reciben subsidios y ahora quieren un precio mínimo de compra.
Eso es una protección que hace insostenible la situación y compromete seriamente el futuro de la producción de arroz.
Un estudio de Fedesarrollo “Política comercial para el arroz” muestra que si se eliminara el sobrecosto de 60% que existe entre el precio nacional y los internacionales del arroz, más de 1,2 millones de colombianos saldrían de la pobreza y más de 450.000 personas de la indigencia.
¿Por qué ha dicho que la resolución tiene fines políticos?
SG: No es un secreto que el Ministro de Agricultura se alista para ser candidato a la gobernación del Meta, lo anunció él mismo en televisión el miércoles pasado, lo cual le da a decisiones de este tipo un carácter netamente político, medida que quiere expedir el ministro en una forma apresurada y con unos considerandos muy precarios desde el punto de vista técnico.
Es más: no es secreto que el grupo de presión política, las Dignidades Arroceras, iba a realizar un paro el pasado 25 de abril y sus mismos dirigentes lo suspendieron, porque según dijeron, el Ministro les prometió una resolución sobre precios mínimos, luego de una reunión que sostuvieron con el funcionario y varios gobernadores.
Incluso, funcionarios de segundo nivel del Ministerio lo reconocen de esa forma. No es responsable que un Ministro de Agricultura diga que él llegó a servirle a sus paisanos y amigos del campo.
El Ministerio no puede ser una rueda suelta de la política económica del gobierno que tiene como objetivo primordial la estabilidad de precios y conciliar los intereses generales con los sectoriales.
Si la resolución no es el camino para apaciguar la crisis que denuncian algunos productos ¿cuál es el camino para que todos ganen en este sector?
SG: En el país hay más de 120 plantas molineras y 39 agencias comercializadoras, además de la participación de Fedearroz en las compras al productor, su capacidad de almacenamiento y trilla y venta del producto final, un factor que estimula la competencia y se supone fortalece la capacidad de negociación de los productores para evitar “supuestos” abusos.
El Consejo Nacional del Arroz debe ser el instrumento para estudiar una política seria y no convertirse en el escenario para discutir solo la coyuntura o medidas apresuradas como la que se quiere imponer.
La propuesta de la industria es concreta y seria: los subsidios debe darlos el gobierno a los productores con unos compromisos específicos en productividad y revisión de las áreas sembradas, como solución de mediano y plazo, pues como vamos a los arroceros les va a ocurrir lo mismo que pasó con el algodón y que Tolima fue un gran damnificado.
En cuatro años, será muy difícil que los arroceros sobrevivan así como van.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Y concretamente para la coyuntura del momento?
SG: Para enfrentar la coyuntura debe haber un apoyo por parte del gobierno, la industria está dispuesta a hacer un esfuerzo y Fedearroz también debe hacer un aporte de los recursos que recibe por la subasta del producto por el TLC con Estados Unidos. Todos por partes iguales. Y para salirse de la discusión del precio y evitar la crisis a más largo plazo, debe haber un plan serio que involucre la reducción de costos y la construcción de la distritos de riego, en particular en el Llano, para acabar la estacionalidad de la cosecha en tres meses y Colombia debe respetar los acuerdos y compromisos adquiridos en acuerdos de comercio, pues países como Ecuador y Perú han ganado demandas contra nuestro país por no permitir la entrada de arroz.
¿Y sabe qué? en el Tolima nadie está discutiendo un tema de fondo que está poniendo en peligro al sector arrocero: la especulación con el arriendo del precio de la tierra en la meseta de Ibagué y en la zona de Espinal. Los precios son escandalosos. La construcción de distritos de riego en el Llano será un mecanismo regulador de los arriendos en nuestro departamento para que bajen los costos de la producción de arroz. El Consejo Nacional del Arroz debe ser el instrumento para estudiar una política seria y no convertirse en el escenario para discutir solo la coyuntura o medidas apresuradas como la que se quiere imponer. Pero lo más responsable sería dejarle al próximo gobierno la solución sería del problema y no la papa caliente de una resolución mal diseñada y alejada de la realidad.
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EL NUEVO DÍA
